Unas elecciones de persona a persona.
A nuestros gobernantes debemos exigirles preparación técnica e integridad personal. No basta con preparación técnica. El factor humano es clave en cualquier empresa colectiva, más aún en la dirección de un país. Nuestro sistema electoral de listas cerradas, por el momento, no nos permite elegir directamente a nuestros representantes. Está claro que con el actual sistema no siempre nos gobiernan los mejores. Y claro, luego así nos va. ¿A qué esperamos para reivindicar se modifique el sistema electoral y que los ciudadanos podamos elegir directamente a las personas que deseamos sean nuestros representantes? ¿Por qué no acabar con la partitocracia? ¿Cuál es el perfil del buen político?
Por Josep Miró i Ardèvol
"Las listas cerradas hacen que los candidatos a un cargo electo no dependan del elector, si no del partido."
Afirmar que la democracia dimana de la voluntad del pueblo, supone realizar una simplificación muy importante.
La democracia: un medio para qué fin?
La democracia es un medio. Pero resulta decisiva para crear las condiciones que favorecen o dificultan el ejercicio de la libertad. La democracia debe cumplir además otras condiciones:
- Dado que el ser humano es capaz de hacer el mal, porque es libre, la política debe encontrar la manera de hacer una buena sociedad aunque existan personas que actúen mal, sin negar la libertad.
- Si la libertad significa, partiendo de su raíz latina, líber, la persona no sometida, es decir, la persona capaz de asumir responsabilidades, la democracia debe propiciar el marco para qué ésta asunción sea posible.
- Porque creemos que el objetivo de la política es la realización de la virtud, la democracia debe servir a ese fin.
Cuando se afirma que la democracia dimana de la voluntad del pueblo, todos somos conscientes de que se está propiciando una simplificación muy importante. En realidad, sólo se expresa aquella voluntad que puede ser determinada empíricamente. Por ejemplo, mediante elecciones cada cuatro años. Por consiguiente, el procedimiento siempre tendrá serias limitaciones. Por esta causa, el sistema democrático, esta obligado a plantearse continuamente el método empírico que utiliza para formar la voluntad política, y su relación con aquellos criterios iniciales.
Los peligros de la falta de control democrático de la vida pública
El ideal del control democrático sobre las decisiones del gobierno se alcanzaría mediante la participación de todos, cosa obviamente irrealizable. Por ello, las democracias se fundamentan en el poder del estado, mediante cargos electos, que acaban transformándose en profesionales de la política. Este hecho, la profesionalidad, necesaria, unido a la complejidad creciente de las decisiones, tiene el riesgo (no la certeza, el riesgo) de una deriva mediante la cual la democracia puede aproximarse gradualmente a lo que constituye la sustancia práctica del totalitarismo. Esto es, la desaparición del control, por parte de los representados, o su reducción a niveles mínimos, y la creciente capacidad de los representantes electos para influir sobre los electores, de manera decisiva, controlando la opinión pública.
Gramsci teorizó bastante sobre este proceso, en términos de transformación del sentido común. La ideología que invade todas las esferas de la sociedad a través de los marcos referenciales a los que se refiere Charles Taylor, manipula las conciencias, transformando el sentido común. En nuestro caso invirtiendo el orden lógico: en vez de ser los elegidos quienes intentan captar y expresar lo mejor posible la voluntad popular, son los elegidos quienes intentan controlar y dirigir la formación de la opinión de los electores.
Los partidos políticos, en la medida en que no están controlados por los representantes electos, se independizan gradualmente de la influencia de los ciudadanos, ayudados por la complejidad de la política. Y entonces, las personas, los electores, son substituidos por los grupos de presión. Los únicos capaces de disponer de los medios necesarios para entender, proponer e influir sobre las decisiones políticas.
En el caso de España, esta situación presenta acentos de mucha mayor gravedad, por una razón fundamental que quiero señalar. Me refiero al sistema electoral, que impide la elección directa de nuestros mandatarios. Las listas cerradas y bloqueadas hacen que en realidad, los candidatos a un cargo electo no dependan del elector, sino del aparato del partido, que decide el lugar que ocupa en la lista, y por consiguiente, la posibilidad de ser elegido o no. Los diputados, en nuestro sistema, no responden ante los electores, sino sólo y exclusivamente ante el partido. El elector, como consecuencia, se torna indefenso, no tiene a quién acudir para ejercer el control de su delegación, en definitiva, es el voto.
Sin remediar este hecho concreto, que está en el núcleo duro de la democracia española, ésta se transforma en partitocracia, donde imperan los grupos de presión.
Conciencia religiosa y democratización de la vida pública
Bajo esta situación creo que los cristianos tenemos una especial responsabilidad. Como escribió Masaryc, "la conciencia religiosa es la única capaz de mantener la necesaria tensión entre legitimidad y legalidad". Para el que fue presidente de Checoslovaquia, ilustre filósofo y científico, la autonomía personal que construye la conciencia religiosa es esencial para controlar las instituciones y sus representantes, porque obliga, si uno es coherente con ella, claro está, al ejercicio de esta responsabilidad colectiva. Y también porque la conciencia religiosa siempre es portadora de determinados valores que evitan que la democracia se pervierta en simple alternativa entre opciones de poder.
La política española y la de sus autonomías deben superar un reto urgente y vital: la necesidad de modificar la ley electoral, para conseguir que podamos elegir directamente a nuestros representantes políticos, y que éstos tengan señaladas unas obligaciones de atención e información para con sus votantes. Sin esto, nuestra libertad está degradada. Y podíamos añadir pervertida e incluso secuestrada. Y nuestros valores cristianos, continuarán estando ausentes de la agenda política. Estaremos en buena medida fuera de juego. De ahí que resulte tan interesante y necesaria la iniciativa comenzada, precisamente, en Cataluña por Acción por la Democracia (www.accionporlademocracia.org) de promover la modificación de su ley electoral, para conseguir que permita la elección directa de los diputados en el marco de la proporcionalidad.
Esta iniciativa es buena porque sólo la movilización cívica conseguirá regenerar la partidocracia que tanto nos daña, y también porque puede ser un catalizador para conseguir algo semejante a escala española.
Josep MIRÓ I ARDÈVOL, presidente de e-cristians y miembro destacado d’Acció per la Democràcia
APUNTES PARA UNA DEONTOLOGÍA GUBERNAMENTAL
Perfil del buen gobernante al servicio del bien común.
José Rafael Sáez March, Psicopedagogo y Profesor Universitario, ha publicado en Análisis Digital un esbozo en quince puntos, llenos de sentido común y buen criterio, de las actitudes y aptitudes que debieran configurar el perfil de un gobernante al servicio del bien común.
En un contexto de profundo escepticismo social ante los políticos, especialmente acentuado entre los jóvenes, el retrato trazado por el profesor Sáez ayuda a reivindicar y destacar la dignidad y la importancia de la misión de los representantes públicos a los que confiamos la dirección de nuestras comunidades. Transcribimos a continuación el referido artículo.
José Rafael Sáez March
Licenciado en Pedagogía y Máster en Investigación
Psicopedagogo de Menores y Profesor Universitario
Sin pretender dármelas de “entendido” y hablando tan sólo con la autoridad de un miembro más del pueblo, he esbozado un retrato personal de las aptitudes y actitudes que desearía que configurasen la figura de nuestros gobernantes. Si encuentro algún político que cumpla este humilde bosquejo de deontología gubernamental, no dudaré en votarle. Alguno habrá, digo yo. Si no, lo cierto es que no me compensa perder el tiempo acudiendo a las urnas:
1. Debe ser ante todo una persona con convicciones sólidas, transparentes, coherentes y profundas, con una concepción integral del mundo y de la vida bien definida, no un relativista funcional que se cambie la chaqueta y hasta la ropa interior de las ideas según la cotización electoral de las mismas. Sus principios tienen que estar claros y definidos.
2. Dichas convicciones no puede imponerlas al pueblo, sino que, traducidas en proyectos políticos concretos, debe proponerlas con claridad meridiana en su programa electoral, para que podamos decidir con nuestro derecho al voto si convenimos o no con ellas, sin llevarnos luego la sorpresa de que tan sólo hemos elegido a nuestro propio dictador.
3. Como persona pública de máximo rango, su conducta debe ser ejemplar. Ha de ser el primero en cumplir las exigencias legales, éticas y morales que recaen sobre todos los ciudadanos. Debe ser un modelo digno de admiración y emulación, no un mero charlatán. Su mayor enemigo no tendría que ser la oposición, sino su propia hipocresía.
4. Tiene que poseer carisma y vocación. No hablo desde una óptica religiosa, aunque no la descarto. Carisma no equivale a ser apuesto, “boquita de oro” o populista. Se trata de poseer una capacidad de liderazgo que ilusione por su honesta calidad humana. Su vocación no puede ser otra que la de servir al bien común de sus gobernados.
5. Su imagen personal debe ser digna, coherente y adecuada a su alto cargo y a su función representativa de su país. La ostentación, la marrullería, la presunción, la afectación, la pedantería, el disimulo, la mentira, el fariseísmo y la falta de vergüenza y sentido del ridículo deberían incapacitarle sin contemplaciones para el ejercicio del poder.
6. Debe poseer la máxima cualificación académica y profesional. Nadie encargaría un puente a un cirujano o se dejaría operar por un arquitecto. Debería ser Doctor en Ciencias Políticas y estar muy bien cualificado en su área de competencia (sanidad, educación, economía…). Ha de ser de los mejores y además dominar varios idiomas, como mínimo el inglés.
7. Debe sujetarse siempre al imperio de la ley, cuya máxima expresión es la Constitución o Carta Magna de su país, el marco de identidad y de legalidad que el pueblo soberano se ha dado a sí mismo ratificándolo mediante sufragio universal. Si no se somete por completo a las exigencias de este marco legal de máximo rango, no debería gobernar.
8. Puede no estar de acuerdo con la Constitución y, siempre que lo haya anunciado en su programa, promover el procedimiento legítimo para modificarla, el cual pasa por un nuevo sufragio universal, pero jamás puede vulnerarla por la puerta trasera utilizando el poder legislativo de su partido para generar leyes que “puenteen” la Carta Magna.
9. No debe perder jamás de vista el hecho de que no es ni más ni menos que un servidor público de alto rango. Es legítimo que gane un buen sueldo, digno y bien proporcionado a la gran responsabilidad que asume. Nada más. Debe renunciar a regalos, privilegios, ostentaciones y a cualquier fuente de ingresos que no sea transparente y legítima.
10. Al igual que la vocación de un periodista debe ser servir a la verdad y no a “su verdad”, la vocación de un político debe ser servir al bien común, no a su bien particular. El poder que le concede el pueblo soberano es tan sólo una herramienta que necesita para hacer su trabajo, no una ocasión para medrar, ni para imponer su santa voluntad.
11. El poder debe utilizarlo única y exclusivamente para llevar a cabo las tareas que el pueblo le ha confiado, según las formas y modelos que propuso en su programa. Debe asumir que los gobernantes son para el pueblo y no el pueblo para los gobernantes. Lo contrario haría de él un dictador autócrata, por mucho que su ascenso al poder fuese legítimo.
12. Los votos de los ciudadanos no son una carta blanca para que haga lo que le venga en gana, sino la concesión de su confianza temporal para que lleve a cabo un encargo concreto que debe cumplir. Su elección no le autoriza para llevar a cabo ninguna acción que no haya sido antes anunciada en su programa y secundada en las urnas.
13. Debe ser hombre o mujer “de Estado”. Una vez ha llegado al poder, debe gobernar para todos y no sólo para los que le apoyan o votan. No puede hacer acepción de personas, ni favorecer con ningún tipo de prebendas a sus parientes, amigos, copartidarios, simpatizantes y comparsas de turno. El erario público no es suyo, es de todos.
14. No sólo debe gestionar correctamente todos los asuntos que le competen respecto al país que gobierna, sino que también debe velar por su mejor imagen, respeto, consideración y posición en el marco internacional. Nuestros “países amigos” deben ser las mejores democracias, no las dictaduras bananeras o las autocracias medievales.
15. Por último, ha de tener la humildad, la honestidad y la talla humana necesarias para reconocer sus errores, pedir disculpas y rectificar de inmediato. Si los fallos son graves, debe asumir sus responsabilidades políticas, dimitir, disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, dejando que el pueblo le renueve o le revoque su confianza.
Fuente: http://www.analisisdigital.com
