Las «fuerzas regresivas» avanzan en Europa
Qué se pretende desde Europa, qué fuerzas sociales dominan en las instituciones europeas, por quienes estamos dirigidos a nivel europeo y cuáles son los valores que están dispuestos a defender?
Los proabortistas toman el Consejo de Europa para imponerlo como un «derecho».
El desarrollo de una conciencia superior cósmica nos puede llevar a la siguiente reflexión: los humanos como especie somos dueños plenos de la fuente de la vida, y por tanto podemos hacer con ella lo que nos plazca o más bien somos depositarios naturales del hilo filogenético de la vida y por ende debemos procurar ser trasmisores lo más dignos posible del caudal de la vida?
El sentido común nos indica que ese caudal fluye entre los humanos con el imperioso ímpetu de la voluntad de ser, de existir, de desplegarse. Que existe un derecho “natural” a la vida que nace de la propia naturaleza intrínseca de ese caudal. Que existe un derecho natural, previo a cualquier voluntad humana en contra, para que esa vida que con tanto ímpetu efluye no sea cercenada, truncada, segada en su proceso de desarrollo biológico y más tratándose de la vida humana. Existe el derecho a vivir, no a matar.
Determinadas fuerzas sociales, recubiertas con ropajes de moderno “progresismo”, un falso y regresivo progresismo en términos civilizatorios, se proponen inocular sutilmente en la mentalidad colectiva y “colar” en el imaginario de las generaciones actuales una determinada mentalidad y escala de valores que destila aires del nihilismo y materialismo en los que se inspiran y en cuyo pack, con el pretexto de ampliar y garantizar nuevas libertades individuales, se incluyen supuestos “nuevos derechos” que chocan con el más elemental sentido común, al servicio de un proyecto de ingeniería social y una cultura decadente con tintes necrófilos que encumbra el “derecho” egocéntrico al bienestar individual a la cima de la escala axiológica, por encima del intrínseco derecho “natural” a la vida de todo miembro de la familia humana.
Europa, cuna de la civilización occidental, si por alguna cosa debería distinguirse en el concierto internacional es por la apuesta decidida en defensa de los valores superiores, en defensa del derecho primordial a la vida de todo miembro de la familia humana, por una pedagogía a favor de la cultura de la vida, por su lucha para la erradicación de una lacra tan inhumana como la del aborto y en un continente como el nuestro sumido en un acelerado proceso de envejecimiento de su población, aunque solamente fuera por razones demográficas, por el fomento de políticas positivas de apoyo real a la maternidad para que ninguna mujer se vea abocada al aborto como única alternativa, víctima de la mentalidad de una época y una escala de valores y una sociedad que la abandonan a su suerte en tan extrema situación.
La situación del Derecho y de los llamados «nuevos derechos» en Europa han sido el tema central de un desayuno de trabajo convocado por Profesionales por la Ética, en el que se ha contado con la presencia, como invitada, de Sophia Kuby, directora ejecutiva del Observatorio Europeo para la Dignidad (European Dignity Watch).
Ante un nutrido grupo de personalidades de la sociedad civil y el mundo de la comunicación, Kuby ha explicado como determinadas minorías están llevando a cabo en Europa un verdadero proceso de reingeniería social que está poniendo en juego la vida, la familia y los derechos fundamentales. A título de ejemplo, Kuby se ha referido a dos iniciativas concretas.
El Informe McCafferty
Una de ellas es el Informe McCafferty que será sometido a votación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa durante este mes de octubre. Con el pretexto de promover el acceso de las mujeres a la «salud reproductiva», aboga "principalmente por el aborto" considerándolo como un «derecho», aunque también incluye menciones a técnicas que "mitigan el dolor a través de reducir la vida, o lo que es lo mismo, eutanasia activa".
El objetivo, según Kuby, es imponer este supuesto «derecho» por encima de las objeciones de conciencia de los médicos y profesionales sanitarios, que mayoritariamente se niegan a practicar abortos. Se trata de «excluir de la práctica médica a las personas de convicciones sólidas, sean cuales sean, que se separen de la práctica y la ideología dominante».
Los promotores del Informe McCafferty se fundamentan en la siguiente afirmación: «la conciencia caprichosa de los médicos no puede prevalecer sobre los derechos reproductivos de las mujeres». De esta manera, se invierten los términos y se contrapone la libertad de conciencia a un nuevo derecho». Kuby ha advertido de la creación de un registro de objetores, una verdadera lista negra o «blacklist» y un mecanismo efectivo para denunciar a los profesionales que se nieguen a practicar abortos.
"El informe obliga a los médicos a ofrecer a los pacientes el tratamiento que deseen o a participar en intervenciones que contradigan su conciencia", ha lamentado la experta en filosofía, antropología y bioética. También ha denunciado que esta iniciativa pretende que los médicos presenten exclusivamente sus creencias religiosas como justificación para negarse a llevar a cabo, por ejemplo, un aborto; que los hospitales públicos o clínicas no tengan un derecho conjunto a objetar, y la creación de un registro de objetores de conciencia.
La Directiva de Igualdad de Trato, una amenaza liberticida
La directora ejecutiva de European Dignity Watch, Sophia Kuby se ha referido a otro proyecto legislativo que pone en peligro las libertades fundamentales de los europeos. Ha alertado de los fines liberticidas de la llamada Directiva Europea de Igualdad de Trato. Se trata de la Directiva que se está tramitando en la Unión Europea. Su objetivo es introducir un nuevo concepto de igualdad que, con el pretexto de prohibir cualquier discriminación (incluyendo la orientación sexual), afectaría a las relaciones de convivencia, a las relaciones laborales y al comportamiento público y privado de las personas.
Kuby ha criticado la Directiva Europea de Igualdad de Trato porque "pone en peligro aspectos fundamentales de la libertad de los ciudadanos europeos". Entre ellos, ha citado la libertad de contratación y la libertad de vivir de acuerdo con las propias convicciones morales. En su opinión, con esta iniciativa "se distorsiona el concepto de justicia e igualdad" y se va a ejercer "un control gubernamental sobre el comportamiento social de los ciudadanos". Denuncia que "conlleva inseguridad jurídica, promueve la multiplicación de litigios, lleva a la creación de una nueva burocracia e institucionaliza el control público y relaciona diferentes materias que es mejor considerar por separado".
«No se descarta», asegura la directora del Observatorio Europeo para la Dignidad, «que se elaboren registros de médicos, empresarios o profesionales acusados de discriminar. Al final, con todo ello dicen defender la diversidad, cuando en realidad persiguen la uniformidad de opinión, pensamiento y acción, y la eliminación de la discrepancia».
European Dignity Watch es una organización no gubernamental, fundada a principios del 2010 con sede en Bruselas que aboga por, protege y defiende una sociedad justa y libre. Se basa en la defensa de tres pilares fundamentales: el derecho a la vida, la familia y la libertad, que considera fundamentos no negociables de toda sociedad democrática. Su objetivo es pues defender los tres pilares más vitales de la sociedad (vida, familia y libertades fundamentales) mediante la presencia, asesoramiento y acción jurídica en las instituciones europeas. Para ello cuentan con una red de expertos, ONG’s, líderes de opinión y miembros activos de diferentes países europeos. Profesionales por la Ética (www.profesionalesetica.org) colabora con esta organización en la defensa del derecho a la objeción de conciencia y de la libertad de educación en las instituciones europeas.
«Hay que despertar», ha concluido Sophia Kuby, «y está en nuestra mano hacerlo saber a nuestros conciudadanos. La clave es que la normativa europea acaba reflejándose en las legislaciones de los países miembros, ya que de lo que pasa en Bruselas y Estrasburgo nadie se entera y las minorías activas lo saben. Por tanto, tenemos en primer lugar que desvelarlo y denunciarlo, porque está claro que, si se explica bien, la inmensa mayoría de europeos no aceptan estas medidas».
Información en base a un despacho de la agencia Europa Press y otras fuentes.
¿Europa de las libertades?
Por José Luis REQUERO, magistrado
Confieso que no estaba al tanto. Pero gracias a Profesionales por la Ética he sabido que el próximo 7 de octubre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votará el Informe McCafferty. Me explico. La semana pasada, organizado por Profesionales por la Ética, asistí a un desayuno con Sophia Kuby, directora ejecutiva del Observatorio Europeo para la Dignidad (European Dignity Watch). Este Observatorio es una organización europea que defiende la vida, familia y las libertades fundamentales mediante la presencia, asesoramiento y acción jurídica en las instituciones europeas.
Kuby alertó de unas iniciativas poco conocidas –que pasen desapercibidas es parte de su estrategia– cuyo objetivo es limitar las libertades fundamentales. Se refirió al Informe McCafferty y al proyecto de Directiva Antidiscriminación en el que trabaja la Unión Europea.
Son distintas pero coinciden en esos dos puntos –pasan desapercibidas, recortan libertades– con las que iría cuajando una dictadura global. El telón de fondo es generalizar la idea de que el aborto es un derecho que, como tal, no puede ser contradicho y que los estados deben garantizar. Y aquí empieza esa dictadura: al ser un derecho hay que laminar todo aquello –y a todo aquél– que sea un obstáculo.
El nervio de ese Informe McCafferty es poner coto a la libertad de conciencia basada en convicciones morales. Constata el incremento constante de personal sanitario que objeta y su respuesta es sencilla: cercenar esa libertad, limitar la objeción, de ahí su empeño por encerrarla en los muros de lo estrictamente privado, sin trascendencia pública. Erige el aborto en derecho, pero no lo presenta así, a las claras, sino que lo enmascara con la apelación a la salud reproductiva y sexual. La consecuencia cae por su propio peso y no es otra sino que no podrá prevalecer nada que contraríe ese nuevo derecho, incluso plantea que la objeción de conciencia ceda en caso de urgencia, que el objetor esté obligado a satisfacerlo.
Como se ve, lo que ese informe propugna, en el fondo, ya está incluido en nuestra vigente Ley del Aborto. En este sentido somos, lamentablemente, un país avanzado, precursor; vamos en contra de la Constitución que ordena a los poderes públicos procurar que el ejercicio de los derechos y libertades sea real y efectivo, les ordena que remuevan los obstáculos que impidan ese ejercicio. Pues bien, la Ley del Aborto rechaza que prevalezca la objeción de conciencia –manifestación de la libertad de pensamiento– y así todo conflicto que surja se resolverá de la «forma más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer», esto es, del aborto.
Otro eje del informe es que la objeción no tenga más alcance que el estrictamente privado: no cabe que tenga trascendencia pública. Habrá que llevar esto a otros ámbitos y materias, por ejemplo, la enseñanza. Con esos planteamientos no cabría que una universidad se niegue a que en su Facultad de Medicina se enseñe a cómo practicar un aborto; un colegio no podría negarse a que se enseñe esa particular concepción de la salud y los derechos de la mujer.
En la Europa del siglo XXI puede aparecer un nuevo gueto: el que excluya a quienes tengan convicciones sólidas, sean cuales sean, pero que no profesen la ideología dominante. Como dice el Informe McCafferty para el caso de los médicos, «la conciencia caprichosa de los médicos no puede prevalecer sobre los derechos reproductivos de las mujeres». Cerco a las convicciones, a las creencias. Se tiñe esa libertad de conciencia de presunción de culpabilidad, se ve cierta malicia en su ejercicio. Como no es un derecho que el Estado deba promover y garantizar, quien apele a sus convicciones para no practicar abortos deberá probar que su objeción es seria y actúa de buena voluntad.
Me he referido al Consejo de Europa y a la Unión Europea, a su proyecto de Directiva antidiscriminación, merecedora de un comentario aparte. Pero ahí está la ONU y su Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños, también con el aborto como derecho planetario, de cuya aceptación por países subdesarrollados pueden depender ayudas. Es lo que se ha ventilado en la Cumbre celebrada la pasada semana sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio. Habría que añadir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia en la que se libra otra sorda guerra: la de las raíces cristianas de Europa (tema de los crucifijos en las escuelas) o la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones (Educación para la Ciudadanía en España).
Esas organizaciones supranacionales son terreno de conquista para esas minorías que sostienen los postulados de la ideología de género (feministas radicales, lobby gay) o la industria abortista o, simplemente, para los que quieren eliminar las raíces de la cultura occidental. Cuentan de este modo con un atajo rápido y eficaz para su estrategia global de ingeniería social, de transformación de mentalidades. De imposición ideológica, de dictadura global, en lo que debería ser la Europa de las libertades.
J. Luís REQUERO, magistrado.
Diario LA RAZÓN
Ver también: Cumbre mundial sobre la Mujer
